Retrasan el juicio contra los policías acusados del transfemicidio de Sofía Fernández

Se retrasa el juicio contra los tres policías acusados de asesinar a Sofía Fernández, una mujer trans que fue detenida en 2023 y apareció muerta, con signos de tortura, horas después dentro de una celda de la Comisaria 5ta. de Derqui, en Pilar, Provincia de Buenos Aires. En el caso también son procesados por encubrimiento e incumplimiento de deberes otros siete policías. Inicialmente, la policía bonaerense calificó este hecho como un suidio, pero la investigación descarta este tipo de muerte y todo apunta a un transfemicidio.

Aunque a inicios de junio, el Juzgado de Garantías Nº 7 de Pilar elevó a juicio el caso y luego salió sorteado para enjuiciar esta causa el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de San Isidro, el proceso está en pausa porque el primero de los tribunales no envió al segundo los antecedentes penales actualizados de los policías procesados y, al menos uno de ellos, señala el abogado de la familia de Fernández, Ignacio Fernández Camillo, tiene antecedentes por abandono de persona.

Este trámite, según el abogado, demora el proceso y, a tres años de la muerte de la víctima, todavía no hay certeza de cuándo podrá realizarse el juicio. Mientras tanto todos los policías están en libertad condicional, ejerciendo sus cargos, incluso los tres acusados por el transfemicidio: el oficial Carlos Rodríguez y las agentes Yesica Isabel Nuñez y Edith Viviana Ruíz, quienes se exponen a una cadena perpetua sin son encontrados culpables.

“Que los policías estén libres es una circunstancia inédita, propia de las investigaciones de delitos vinculados a la violencia institucional. La cobertura que suele tener el personal policial en el sistema de justicia permite esto, entre otras muchas cosas”, señala Fernández Camillo.

Durante los últimos años, Soy ha informado sobre las dificultades que ha enfrentado la familia de Fernández para sostener dentro de la justicia este caso, pues durante en el proceso han ocurrido una serie de irregularidades, comenzando porque Fernández, según su hermana, Mabel, fue detenida sin una justificación legal, violando su derecho a la debida defensa.

Mabel ha relatado que cuando se llevaron detenida a su hermana, aquella madrugada del sábado 8 de abril de 2023, los policías se contradijeron en explicarle los motivos de su detención y no le dieron información sobre su paradero, pero al lunes siguiente se acercaron a su casa para notificarle que Fernández se había suicidado en la Comisaría 5ta. de Derqui.

En un testimonio que forma parte del expediente y al que este suplemento tuvo acceso, un perito señala que la muerte de Fernández no puede considerarse un suicidio, ya que en su garganta había restos de colchón y bombacha, y a la vez, que tenía golpes en diferentes partes del cuerpo. La Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, entidad que forma parte del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura en la provincia, que da seguimiento a las muertes que ocurren en situaciones de encierro bajo custodia estatal y que participa como parte particular en el proceso contra los 10 policías, también ha señalado que el cuerpo de Fernández presentaba rasgos de violencia que no corresponden a un sucidio.

Una justicia sin perspectiva de género

Entre otras irregularidades ocurridas durante estos años en el caso de Fernández y denunciadas por su familia están que el fiscal Gonzalo Agüero, el mismo que había ordenado la detención de Fernández por un supuesto robo, tuvo a su cargo investigar su muerte cuando se abrió la causa, hasta que por petición de la familia de la víctima fue apartado del proceso.

Mientras que el Juez de Garantías Nº 7 de Pilar, Walter Saettonne, no calificó la muerte de Fernández con uno de los agravantes de odio contemplados en el artículo 80 del Código Penal, tal como lo había tipificado el Ministerio Público Fiscal en la acusación contra los policías. Por lo tanto, lograr que se reconociera esta muerte como un crimen basado en el odio a la identidad de Fernández fue otra de las batallas judiciales que libró su familia.

De acuerdo con el abogado Fernández Camillo, el juez Saettonne descartó el agravante de odio en la causa porque dijo que si Rodríguez, el oficial que habría pasado tres horas en la comisaría posterior a la muerte de Fernández, tenía en su celular registros de pornografía trans, eso le daba a entender que él no tenía odio hacia las identidades travestis. Saettonne también sobreseyó a nueve de los 10 acusados, pero en noviembre de 2025 la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro revirtió su decisión.

“Nosotros denunciamos a Saettonne ante la Fiscalía Centralizada de Boulogne por la forma en la que ha manejado el caso en estos tres años. Recién después de la denuncia, el juez elevó el caso a juicio, pero omitió el detalle de los antecedentes penales de los policías. Aunque dice que ninguno de los acusados tiene antecedentes, hay una policía que sí los tiene”, indica Mabel, la hermana de Fernández.

Ante un sistema judicial sin perspectiva de géneros y diversidad sexual, y en medio de un incremento exponencial de los discursos y de los crímenes de odio en el marco del gobierno de ultraderecha argentino, casos como el de Fernández, que logran escalar a juicio, deben ser peleados por los familiares de las víctimas y las organizaciones sociales a favor de los derechos del colectivo LGBTIQ + para lograr una investigación apegada a derecho.

Desde mayo, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 5 de la Capital Federal realiza el juicio por el triple crimen de odio contra tres mujeres lesbianas ocurrido en el barrio porteños de Barracas en mayo de 2024, cuando el vecino Justo Barrientos lanzó una bomba molotov a la habitación donde dormían las víctimas y sólo una de ellas sobrevivió al ataque. En principio, la justicia tampoco quiso caratular este hecho como un crimen de odio y no permitió que organizaciones como la Federación LGBT+ Argentina formara parte del proceso para acreditar el modus operandi de estos crímenes.

Según el último informe del Observatorio de Crímenes de Odio en Argentina, en 2025 hubo un incremento inédito de crímenes de odio respecto a los años anteriores. El observatorio identificó 227 casos y señaló que cada 38 horas ocurre un nuevo crimen en el país en contra de las identidades sexogenéricas. Este año, el periodista Lucas Román y la comediante Leonardo Javier Veterale, mejor conocida como La Barby, denunciaron la agresión física de hombres desconocidos al salir de sus trabajos en radios y ambos señalaron que estos ataques estuvieron basados en el odio a su identidad diversa.