Cárceles de Misuri amenazan los derechos de personas trans a tratamiento de afirmación de género

En un movimiento que desafía los derechos de las personas trans, el Departamento de Correcciones de Misuri (DOC) decidió suspender el tratamiento de afirmación de género para las reclusas trans, ignorando las claras directrices legales que lo amparan. La situación salió a la luz tras una conferencia de prensa organizada por PROMO, una organización que defiende los derechos de la comunidad LGBTQ+. Entre los asistentes estuvieron la representante trans no binaria Wick Thomas y la activista Jessica Hicklin, quien en 2018 ganó un caso contra la prisión de Potosi para que se reanudara su terapia hormonal. Este caso demostró cómo estas decisiones impactan directamente en la vida de las personas trans bajo custodia estatal.

La situación se complicó aún más cuando se supo que al menos dos reclusas trans fueron retiradas de su medicación prescrita, considerada médicamente necesaria, después de que el director del DOC, Trevor Foley, informara a varios senadores que la orden judicial de 2018 sería ignorada por considerarla 'imposible de aplicar e ilegal'. Sin embargo, PROMO mantiene una postura firme: exigen que Foley instruya a los proveedores de atención médica para que continúen prescribiendo estos tratamientos. La organización advierte que ignorar estas directrices no solo vulnera los derechos de las personas trans, sino que también podría resultar en costosos litigios legales para los contribuyentes.

La presión sobre las autoridades estatales aumenta, especialmente después de que la Cámara de Representantes aprobara el proyecto de ley 9, que busca prohibir explícitamente el uso de fondos públicos para tratamientos hormonales cruzados o cirugías de afirmación de género. Este movimiento legislativo ha sido visto por muchos como un ataque directo a la atención médica de las personas trans, y las organizaciones de derechos humanos están tomando medidas para contrarrestarlo.