La FGR confirma detención de Inés Gómez Mont en Miami

La exconductora de televisión fue arrestada en Florida mediante un operativo derivado de la colaboración entre México y Estados Unidos. Se enfrenta a una orden de aprehensión por presunto fraude fiscal equiparable, además de otras acusaciones relacionadas con un presunto plan para desviar recursos públicos. Después de casi cinco años fuera del radar de las autoridades mexicanas, Inés Gómez Mont vuelve a estar en el centro de la polémica.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que la exconductora de televisión fue detenida este viernes 30 de octubre en Miami, Florida, donde permanece sujeta a los trámites correspondientes por una orden de aprehensión vigente en México. La detención se habría llevado a cabo gracias al intercambio de información entre el Gobierno mexicano y las autoridades estadounidenses.

A través de un comunicado, la FGR informó que Gómez Mont es acusada de su probable participación en el delito de defraudación fiscal equivalente y anunció que brindará más detalles sobre el caso. ¿Por qué arrestaron a Inés Gómez Mont en Estados Unidos? La situación jurídica de la expresentadora de “Ventaneando” se remonta a 2021, cuando se hizo pública una orden de aprehensión en contra de ella y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga.

La investigación de la FGR apunta a una presunta red de empresas que habrían obtenido recursos públicos a través de contratos relacionados con servicios de seguridad y vigilancia en centros penitenciarios federales, durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Entre los delitos que se les han atribuido en investigaciones e informes judiciales se encuentran: Delincuencia organizada.

Malversación de fondos, relacionada con el presunto uso indebido de recursos públicos. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como blanqueo de capitales. Fraude fiscal equiparado.

Según las investigaciones, los contratos involucrados datan de 2016 y habrían ascendido a aproximadamente 2.950 millones de pesos. La Fiscalía sostiene que se utilizaron empresas que simulaban operaciones comerciales y servicios que supuestamente nunca fueron prestados.