El juicio, en Córdoba, a dos varones trans que no tuvo perspectiva de género

“No sé quién es Lulén”, dice Williams Watts en el juicio donde es la víctima de un intento de homicidio. Los acusados son Lulén Watts —su hijo adoptivo— y Max Caviglione , dos varones trans condenados a 12 años y 6 meses de prisión por un hecho ocurrido en febrero de 2025.

La frase resume el eje del caso: según Lulén, Williams nunca reconoció su identidad de género, un rechazo que empezó cuando a los 12 años le dijo a su padre que le gustaban las mujeres. Esa negación fue parte de la argumentación de las abogadas para pedir una reducción de la pena ya que consideran que Lulén atravesó situaciones de violencia por parte de su padre adoptivo a lo largo de su vida

En febrero de 2025 Lulén y Max fueron a la casa de Wiliam y lo agredieron, el caso fue caratulado como “homicidio en grado de tentativa agravado por el vínculo”. Marcelo Fenol , fiscal de la causa que reside en la Cámara 5° en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Córdoba, sumó además los cargos por “alevosía, criminis causa, uso de estupefacientes y codicia”, y pidió una pena mayor a la finalmente impuesta, aunque esos agravantes no fueron tenidos en cuenta al final del juicio. Por los mismos hechos, varones cis que ejercen violencia contra mujeres terminan siendo absueltos o condenados a penas mínimas por lesiones leves.

Los dos acusados aceptaron que habían cometido un error y pidieron disculpas. El juicio estuvo compuesto por jurados populares y jueces, y la defensa pidió que se reconozcan “circunstancias extraordinarias de atenuación” que, según el artículo 80 del Código Penal, contemplan situaciones de considerable entidad que responden a una cuestión subjetiva y que deben ser consideradas por los jueces para aplicar una pena más acorde a las circunstancias -una pena atenuada y no la pena completa-.

“En el caso de los chicos esto estaba evidentemente acreditado, Lulén tiene un historial de haber sido víctima de violencia psicológica y de maltrato por parte de su padre adoptivo, esto empieza a manifestarse cuando Lulén a los 12 años manifiesta que le gustan las mujeres” , explica Rocío García Garro, quien junto a Dania Villanueva tomó el caso poco antes de que comenzara el juicio a principios de agosto, convocadas por la red de afectos y militancia que rodea a Lulén y a Max desde el día que fueron detenidos y trasladados a la cárcel de mujeres de Bouwer.

Durante el juicio, Williams Watts no reconoció el nombre de su hijo adoptivo y sostuvo que a él nunca le dijeron que había transicionado, algo que Lulén le había comunicado en repetidas ocasiones. Durante las pericias psicológicas a Williams Watts, las peritos tuvieron que insistir en que “lo dejara de tratar en femenino” y, sin embargo, él llegó al juicio diciendo “no sé de qué persona me están hablando”.

“Cuando llegamos a juicio, la víctima no había sido sometida a pericias psicológicas, lo tuvimos que pedir durante el juicio. En cualquier caso de violencia de género, lo primero que se hace es peritar a las mujeres, pero en este caso no. Logramos que se le haga la pericia a Williams Watts, y esa pericia da cuenta de esta violencia intrínseca que tiene, de que no reconoce a su hijo, de que es sumamente inflexible a la hora de hacer sus manifestaciones en relación al género y la sexualidad”, explica García Garro.

Según la abogada, fue mucho el trabajo que realizaron para presentar testigos y testigos expertos que pudieran dar cuenta de la especificidad de la situación, sobre todo a los jurados.

Las abogadas consideran que el fiscal no aplicó la perspectiva de género en ninguna instancia: “Este caso tiene visibilidad por el acompañamiento que tienen los chicos, pero en líneas generales esta es la realidad tanto de mujeres como de personas trans cuando les toca estar en el banquillo de los acusados”, dice García Garro, quien asegura que la cárcel está llena de personas en esta misma situación y que nadie se entera: “La justicia tiende a poner penas mucho más graves para mujeres y personas trans”.

Como antecedente, la Cámara 5 tuvo en su jurisdicción el caso de Rocío Rodríguez, asesinada por su ex pareja en 2016, en donde la justicia cordobesa rechazó el agravante por femicidio. La abogada advierte que existe un criterio de mayor severidad cuando las imputadas son mujeres o personas trans. Según explicó, la Justicia analiza “hasta el más mínimo detalle” para aplicar tipos penales más severos y, posteriormente, imponer penas más altas d entro de las escalas previstas por el Código Penal. Asimismo, remarcó que la cuantía de la pena en este caso fue excesiva e incongruente con la condena, aclarando que la fijación del monto de la pena en Córdoba recae exclusivamente en los jueces técnicos y no en el jurado popular.

Desde el colectivo Mala Racha remarcaron que la contención comunitaria permitió no solo acompañar y dar fuerzas a Lulén y Max durante la detención y el juicio, sino también sostener la recaudación de fondos y las movilizaciones en tribunales junto a otras organizaciones. Asimismo, enfatizaron la necesidad de estas redes para visibilizar el caso y denunciar el sesgo del Poder Judicial, señalando que la Justicia actúa de forma desproporcionada y aplica una “doble condena” cuando juzga a personas trans o de la comunidad LGBTIQ+.